Buenos Aires, 5 de enero de 2023
La Academia Nacional de Periodismo expresa su profunda preocupación por la denuncia penal realizada contra Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro y los medios La Nación y Clarín por el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi.
Un funcionario del máximo nivel jerárquico pretende criminalizar el ejercicio del periodismo al querer convertir el código penal en una herramienta de castigo. Al mismo tiempo, el interventor expresó que quiere que los periodistas le digan a la Justicia quién les dio la información, violando expresamente el artículo 43 de la Constitución Nacional sobre el secreto de las fuentes.
El alto funcionario denunciante está exigiendo que la publicación de información de interés público sea un delito de prensa. Lo que es un derecho pretende convertirlo en un delito. En forma explícita, entonces, la denuncia impugna el ejercicio profesional del periodismo.
Los periodistas son guardianes del interés público y tienen el rol de ponderar si los secretos que las instituciones públicas guardan son legítimos o no. En especial, en una agencia de enorme importancia institucional, como la AFI, es especialmente relevante que el periodismo indague e informe a la sociedad sobre su estado de situación.
La jurisprudencia nacional e internacional protege a los periodistas en su defensa del derecho a la información de la sociedad frente a los secretos estatales. De hecho, esa es una de las claves de la vida democrática: en los autoritarismos, los periodistas están subordinados a los servicios de inteligencia; en cambio, en las democracias, la prensa tiene potestad de definir cuál es el interés público que hay que defender, y qué información debe publicarse.
Por eso, que el titular de la AFI exija que los periodistas estén inmersos en la Ley de Inteligencia Nacional es extender su control más allá de los límites republicanos; que el jefe de los espías quiera controlar lo que se publica es incompatible con la luz pública de la democracia.
